Salud mental: recuperar el tiempo perdido

Los hospitales neuropsiquiátricos no pueden ni deben ser cárceles. Aunque resulte una verdad de perogrullo, en nuestro país, y por factores tales como el abandono familiar, los enfoques terapéuticos, las excesivas atribuciones del Poder Judicial para disponer internaciones o la estigmatización social que cargan sobre sí las personas con padecimientos mentales, por décadas esas instituciones se mantuvieron férreamente clausuradas, obturando el normal tránsito entre "el adentro" y "el afuera".
Esta marginación concreta, este encarcelamiento justificado por razones de salud, configura una de las más aberrantes formas de discriminación y violación sistemática de los derechos humanos. Nadie que sufra algún trastorno hepático, diabetes o reuma -por citar enfermedades al azar-, carga con la cruz denigrante de ser un enfermo mental.
Durante largas décadas, distintas corrientes del pensamiento médico vincularon las enfermedades mentales sólo con la biología o las cuestiones físicas. Pero luego comenzaron a tomar cuerpo con mucha mayor nitidez los llamados determinantes sociales y culturales de la salud, es decir, la forma en que el contexto influye decisivamente sobre el estado de salud de las personas.
Cada tiempo y cultura tiene su enfermedad mental prevalente. Ayer fueron las neurastenias y las histerias. Hoy nos encontramos con la depresión -que ya es una epidemia-, así como son cada vez más frecuentes los ataques de pánico.
Por eso, su solución no puede encontrarse sólo en el encierro manicomial o en el aislamiento químico de los medicamentos: hay que tratar a los pacientes junto con su familia, en la comunidad y con ella, entendiendo su matriz cultural y social, que en salud mental son el tipo de sociedad en que vivimos, la violencia, la agresión, la falta de armonía, de inserción o la exclusión social. Las patologías psiquiátricas tienen también su origen en la sociedad y allí parte esencial de su terapéutica. No podemos ni debemos permitir que se aleje de ella a las personas que las sufren, que se las excluya ni que se las ignore.
La Argentina tiene actualmente más de un millón de personas con trastornos psiquiátricos como psicosis, trastornos bipolares y depresiones graves, y su destino fatal, su único camino por recorrer, no puede seguir siendo alguna de las 25 mil camas hospitalarias psiquiátricas con que cuenta el país.
Para reparar esa iniquidad manifiesta, esa segregación injusta, desde el Ministerio de Salud de la Nación dispusimos -en silencio pero sostenidamente- una política nacional e integral de salud mental que, desde un nuevo paradigma terapéutico, tiene como eje estructurador el respeto por los derechos de los pacientes, facilitando su reinserción comunitaria.
De hecho, en virtud de los importantes avances registrados en la materia en los últimos cinco años, la Argentina acaba de ser sede de una reunión internacional de referentes de la salud mental, quienes reconocieron logros entre los que se cuentan la disminución en un 30% de las camas ocupadas por pacientes crónicos.
Así, la Colonia Montes de Oca pasó de las páginas policiales a las de salud. Estamos orgullosos, pero no relajados, por haber logrado dar -por primera vez en su larga historia- más de 100 altas en el año 2006. La esperanza de vida de los pacientes internados, que no superaba los 32 años, hoy es de 65 años. Pudimos devolverle la identidad a 25 pacientes alojados como NN desde hacía décadas, y seguimos abriendo Casas de Medio Camino en la propia localidad de Torres -muy cerca de la colonia-, para promover la paulatina reinserción social de los pacientes externados. Allí comparten sus días como cualquier familia del barrio, conviviendo naturalmente y con armonía social. Más de 200 casas similares ya fueron habilitadas en todo el país, profundizando la estrategia de la desmanicomialización, para así transformar los establecimientos asilares en instituciones sanitarias.
No se trata de sacar a las personas a la calle sin protección ni cobertura, sino de seguir creando otros dispositivos de atención que se conviertan en mejores alternativas para los pacientes, y de entender como sociedad que somos parte del problema pero también actores indispensables de la terapéutica comunitaria.
Estamos protagonizando muchas innovaciones y rompiendo con la idea del presidio, porque ya es demasiada cárcel que un individuo padezca cualquier tipo de enfermedad como para que se le agregue encierro inducido judicialmente o en nombre del bienestar de la familia, porque ésta dice que es necesario internar y el juez le hace caso.
La autoridad sanitaria -el equipo de salud que recibe, trata y contiene a los pacientes- debe recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones pero habitualmente reticente a autorizar altas dispuestas por los profesionales actuantes. Sobre todo cuando más del 80% de las personas internadas en manicomios están en esa condición por orden judicial. Para revertir ese escenario, abrimos una instancia de diálogo con muchos magistrados que muestran preocupación por la judicialización de los pacientes.
Además de incrementar el presupuesto destinado al área, hemos creado la Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos, que entiende a los pacientes con padecimiento mental como sujetos de derechos, revisando conceptos y capacitando en las buenas prácticas en salud mental. A ella también integramos a las organizaciones de familiares de pacientes, pues hoy -en la mayoría de las provincias-, se atiende más en los Centros de Atención Primaria, en la propia comunidad, que en los hospitales.
En el marco del Plan Federal de Salud, y con el rol de rectoría que le cabe al ministerio nacional, consolidamos direcciones de salud mental en las 24 provincias, dotándolas técnicamente de equipamiento.
Porque las acciones oficiales en salud mental no pueden quedar restringidas a los muchos pacientes alojados en instituciones psiquiátricas, también trabajamos para otros millones de personas que -si bien no ocupan camas hospitalarias-, a diario requieren de respuestas adecuadas. Por eso, capacitamos a más de 4500 profesionales comunitarios especializados en atención primaria de la salud para atender en salud mental.
Y preocupados por el aumento de casos, pusimos en funcionamiento el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, con un compromiso compartido por todos los ministerios provinciales de disminuir en dos años la tasa de prevalencia.
Por prejuicios, desidia, temor al mito de la locura o simplemente porque "los locos no votan", resulta evidente que, durante años, la salud mental estuvo ausente en la agenda sanitaria colectiva. Es el momento de recuperar el tiempo y el protagonismo perdido.
Por Ginés González García
Para LA NACION