Efecto...

Por Fernando Krakowiak
Los precios de los medicamentos aumentaron 17,5 por ciento en promedio en los últimos doce meses. Es el mayor incremento interanual en cuatro años y entre las variedades más vendidas las subas superan el 20 por ciento. Los datos surgen de un relevamiento del investigador de la Universidad de la Plata, Constantino Touloupas, sobre un total de 15.712 especialidades medicinales. La diferencia entre lo que pagan los laboratorios por las drogas en el mercado mayorista y el precio al que esa droga se vende en farmacias es exorbitante. En 2002 se intentó forzar una baja con la ley de prescripción de medicamentos por nombre genérico. El objetivo era que los laboratorios compitieran por precio y no por marca para que la población tuviera la opción de comprar más barato, pero las prácticas colusivas neutralizaron esa estrategia. Si bien hay cerca de 300 laboratorios, cuando la oferta se analiza por producto predomina la concentración. Según un informe del investigador Federico Tobar, ex coordinador del Programa Remediar, el 47,1 por ciento de las drogas que se venden en el mercado tienen un único oferente y el 88 por ciento tiene menos de seis, lo que facilita la cartelización. Las variedades genéricas se venden a precios similares a los de la droga original. Es lo que se conoce como el “efecto murciélago”, pues todos se cuelgan del precio techo.
De hecho, la diferencia de precios entre el medicamento más caro y el más barato para cubrir una misma patología suele oscilar en apenas el 10 por ciento cuando los oferentes son menos de seis. Lo que sigue son algunos ejemplos que dejan en evidencia los acuerdos entre empresas:
u Un caso paradigmático es el famoso Tamiflu, marca comercial con la que se conoce a la droga oseltamivir, que adquirió carácter estratégico frente a la pandemia de gripe A. El Tamiflu es comercializado por el laboratorio suizo Roche, pero la Administración Nacional de Medicamentos. Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) les concedió registro sanitario también a otros cinco laboratorios que ofrecen versiones genéricas: Elea, LKM, Northia, Richmond y Finadiet. Lo llamativo es que el precio del Tamiflu es de 135,4 pesos, mientras que el genérico que comercializa Elea se vende a 159,9 pesos (18 por ciento más) y la copia de LKM a 151,1 (12 por ciento por encima del original). Northia y Richmond ofrecen su versión apenas un 1 por ciento más barata que el Tamiflu y Finadiet sólo un 4 por ciento por debajo.
u Lo mismo ocurre con la droga leuprolide, que toman quienes padecen cáncer de próstata. El medicamento original lo vende el laboratorio estadounidense Abbott bajo la marca Lupron. Cada ampolla de 7,5 miligramos cuesta nada menos que 1726,95 pesos. En el mercado también están disponibles las versiones genéricas de los laboratorios nacionales LKM (Leprid) y Raffo (Eligard) y la de Sandoz, una división de la multinacional suiza Novartis, que participa del negocio con la marca Lectrum. Sin embargo, esa variedad no representa ninguna ventaja para el paciente porque la competencia por precio no existe. La ampolla que produce LKM se vende a 1843,2 pesos (6,7 por ciento más que el original), la de Sandoz cuesta 1810,4 pesos (4,8 por ciento más) y la de Raffo 1710,4 pesos (apenas un 1 por ciento más barata).
u Los precios tampoco se desmarcan entre los que ofrecen la digoxina, droga recetada para quienes padecen insuficiencia cardíaca crónica. Los laboratorios oferentes en el mercado argentino son seis, pero sólo cuatro venden presentaciones con dosis equiparables. El laboratorio HLB Pharma ofrece la caja de 20 comprimidos importados con la marca Lanicor a 10,3 pesos; Klonal comercializa la misma presentación con la marca Digocard-G a 12,1. Roemmers vende paquetes de 25 comprimidos con el nombre Lanoxin a 13,4 y Medipharma cajas de 30 comprimidos con la marca Cardiogoxin a 14,9 pesos. La diferencia de precios entre los extremos llega al 45 por ciento, pero el más caro viene con un 50 por ciento más de comprimidos. De hecho, cuando se compara entre HLB Pharma y Klonal, que ofrecen la misma cantidad de pastillas, la diferencia se reduce al 18 por ciento y llamativamente los que salen más baratos son los comprimidos importados que provee Pharma.
u También hay casos donde los oferentes de un producto son más de seis, pero la diferencia de precios sigue siendo escasa y la variedad genérica cuesta en farmacias más cara que el original. Por ejemplo, el alprazolam es un tranquilizante desarrollado por el laboratorio Pfizer, que lo vende en el país con la marca Xanax. La caja de 0,5 miligranos por 30 comprimidos cuesta 12,6 pesos. No obstante, el laboratorio Gador lidera ese mercado con una copia conocida con el nombre Alplax, que cuesta 13,7 pesos (8,9 por ciento más). El paciente dispone además de otras 27 marcas del mismo producto, pero la diferencia entre el Alplax y el más barato de todos (Aplacaina, de Richmond) es de apenas 24 por ciento. En su informe, Tobar detalla incluso que el Alplax cuesta más caro que en España, donde Pfizer lo comercializa con el nombre Trankilazin.
La brecha de precios entre los productos destinados a curar la misma patología es acotada, sobre todo si se toman en cuenta los márgenes que maneja la industria farmacéutica. En 2006, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica realizó un informe, que Cash publicó en noviembre de ese año, donde comparó los precios de venta de droga por kilo de una distribuidora que abastecía a laboratorios pequeños y hospitales y el precio al que esa misma droga se vendía al público en farmacias. La diferencia llegaba entonces en algunos casos al 55.200 por ciento. Es cierto que el proceso de industrialización insume otros gastos, además del costo de la droga, tales como la mano de obra calificada, el precio de los excipientes que les dan contextura y color a los comprimidos y garantizan su correcta absorción por parte del organismo. También se deben tomar en cuenta los impuestos, los gastos de packaging y publicidad y los márgenes del resto de la cadena, pero la brecha es tan abismal que es difícil suponer que esos otros gastos compensen el diferencial de precios.
Los laboratorios también justifican los márgenes extraordinarios haciendo mención al gasto que realizan en investigación y desarrollo, pero en el caso de los nacionales el argumento no se sostiene, pues la mayoría de las drogas que comercializan fueron copiadas de multinacionales extranjeras antes de que se sancionara la ley de patentes. Sin embargo, como se detalló más arriba, en varios casos los precios de las variedades genéricas superan al del original.
La pregunta del millón es por qué los laboratorios nacionales pueden darse el lujo de vender variedades genéricas a un precio mayor que el original o apenas por debajo. Uno de los motivos es que las marcas que comercializan son más conocidas debido a la fuerte inversión publicitaria que realizaron durante décadas. Sin embargo, la clave no pasa sólo por la confianza que les generan a los pacientes sino por el acceso preferencial que lograron a los vademécum de las prepagas, las obras sociales y el PAMI a partir de negociaciones poco transparentes. Eso hace que cuando un paciente necesita un medicamento no pueda optar entre toda la oferta disponible en el mercado de ese producto sino sólo entre los que figuran en el vademécum de su prestador médico. Por eso los laboratorios nacionales privados que venden copias pueden darse el lujo de colgarse del precio techo que fijan las multinacionales con sus originales, emulando a los murciélagos
MARTIN ISTURIZ INVESTIGADOR SUPERIOR DEL CONICET
“Producción pública”
¿El Estado está en condiciones de producir medicamentos para fijarles un precio testigo a los laboratorios privados?
–Está en condiciones de producir algunos medicamentos, sobre todo los más básicos, porque la droga se puede comprar a granel y la elaboración la pueden realizar los laboratorios públicos.
–Cuando Graciela Ocaña asumió en el Ministerio de Salud impulsó la producción pública de medicamentos y le ordenó al Programa Remediar que comprara esa producción. Sin embargo, fueron pocos los laboratorios registrados ante Anmat y la provisión fue escasa.
–Dentro de los 37 laboratorios públicos hay pocos que reúnen las exigencias que solicita la Anmat. Los que estaban en condiciones fueron cinco o seis y se empezó a trabajar con ellos. El resto empezó a invertir para poder integrarse a la red de laboratorios públicos posteriormente.
–No sólo eran pocos sino que proveían medicamentos de baja complejidad.
–Comenzaron proveyendo aspirinas, dos antibióticos (cefalexina y amoxicilina) y un hipoglusemiante oral.
–¿Y qué hace falta para producir más?
–Falta decisión política e inversión pública. En su momento, Enrique Martínez puso el INTI a disposición de los laboratorios públicos para que mejoren su tecnología, los controles de calidad y la validación de procedimientos, pero falta seguir avanzando.
–Algunos expertos afirman que es mejor fijar precios máximos en lugar de impulsar la producción pública porque es una medida que tendría repercusión inmediata y no forzaría al Estado a realizar un gasto millonario en medicamentos.
–No son instrumentos excluyentes. La fijación de precios máximos se puede complementar con una producción pública que no requiere una inversión millonaria, ayuda al desarrollo de todo el sistema de ciencia y tecnología y es estratégica para no depender exclusivamente del mercado. Por ejemplo, hubo dos años en que no hubo medicamentos contra el mal de Chagas porque Roche consideró que no era rentable producirlos. Tener una industria poderosa sirve también para lidiar con las multinacionales. Hace un tiempo, el laboratorio Merck subió el precio de los retrovirales en Brasil. El Ministerio de Salud consideró que no había justificación desde el punto de vista de los costos y los amenazó con no respetar patentes y ordenarle al laboratorio estatal Farmanguinhos que comenzara a producirlos. Entonces, Merck tuvo que bajar el precio
FEDERICO TOBAR EX COORDINADOR DEL PROGRAMA REMEDIAR
“Fijar precios máximos”
Usted fue uno de los impulsores de la ley de prescripción de medicamentos por nombre genérico para favorecer la competencia por precio, pero las prácticas colusivas de los laboratorios neutralizaron esa estrategia. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación?
–La colusión de precios empieza a romperse cuando hay seis oferentes de un mismo producto. Por lo tanto, si la oferta es menor y el medicamento es caro lo que debe hacer el Estado es fijar un precio máximo de venta a partir de una comparación con los valores de otros países como hacen Colombia, Brasil y Europa. Por ejemplo, en Brasil sólo autorizan a los laboratorios a vender genéricos si los ofrecen a un 35 por ciento menos que el laboratorio que tiene la patente, mientras que en Argentina algunos genéricos cuestan más caros que el original.
–¿El Estado tiene capacidad para llevar adelante esa regulación?
–Cualquier estudiante de Economía lo podría hacer. No estoy planteando hacer un análisis de la estructura de costos sino comparar los precios de venta al público en distintos países. Lo que hace falta es voluntad política.
–El acceso a los vademécum de obras sociales y prepagas también opera como un freno a la competencia porque si el medicamento no está en esos listados no alcanza con vender más barato.
–En el país hay un Programa Médico Obligatorio que dice que los prestadores tienen que cubrir el formulario terapéutico nacional, que son más de 500 medicamentos, pero resulta que eligen las marcas. Ese tipo de prácticas se tienen que desterrar. Lo que pasa es que es un mecanismo muy corrupto que mueve millones de dólares y sólo se puede enfrentar con decisión política.
–¿El Estado no puede producir medicamentos para fijar un precio testigo?
–Es una alternativa muy idealista. Yo tuve que enfrentar esos planteos cuando estuve al frente del Programa Remediar porque Ginés González García no quiso incentivar la producción pública. Cuando asumió Graciela Ocaña armó un programa de producción pública de medicamentos y la orden fue que Remediar comprara esos productos. Empezaron comprando un solo producto y luego pasaron a comprar tres porque los laboratorios públicos registrados ante la Anmat eran muy pocos. Además, eran medicamentos de bajísima complejidad como aspirinas. En teoría es correcto hacerlo y de hecho en Brasil funciona, pero aquí los laboratorios públicos terminan produciendo muy pocos medicamentos de baja complejidad y algunos de calidad dudosa. Para revertir eso se requiere una inversión fuerte que no sé si el Estado está en condiciones de afrontar y que seguro no va a tener repercusión inmediata